La principal fuente que origina los
recursos con los que el Estado cuenta para realizar sus tareas, es la sociedad.
Es decir, todos y cada uno de los ciudadanos tiene la responsabilidad de
contribuir a financiar los gastos del Estado, en la medida que éste establezca
dicha contribución, lo cual depende de la naturaleza y carácter del propio
Estado. Estos ingresos pueden
ser recaudados por el gobierno central o por los gobiernos regionales y
locales, a los cuales les corresponde una mayor o menor proporción de los
mismos según lo estipule el ordenamiento legal vigente.
La forma tradicional y la más
importante mediante la cual los ciudadanos contribuyen al financiamiento del
Estado, son los impuestos. La naturaleza y carácter del Estado definen el tipo
de impuestos y los porcentajes a partir de los cuales se calcula.
Además de los impuestos, los gobiernos reciben ingresos por rentas
especiales que cobran, como las que recaudan en las aduanas o las que se
reciben por concesiones especiales, por derechos de registro, por ventas o
alquiler de la propiedad pública, por utilidades del banco central o de
distintos autónomos y empresas públicas. También se pueden agregar desde el
punto de vista contable aquellos ingresos que provienen de empréstitos o
adelantos que éste recibe, ya sea por la emisión de bonos de la deuda pública o
por la utilización de líneas de crédito internacional de diverso tipo.
Por otra parte, los gastos realizados
por el gobierno provienen de diferentes naturalezas, que van desde cumplir con
sus obligaciones inmediatas como la compra de un bien o servicio, hasta cubrir
con las obligaciones incurridas en años fiscales anteriores. Sin embargo,
muchos de ellos están dirigidos a cierta parte de la población para reducir el
margen de desigualdad en la distribución del ingreso. Los Gastos públicos se
originan en primer lugar por las necesidades básicas de la población o de
consumo del propio Estado, tales como servicios públicos, salarios de
funcionarios, compra de bienes o servicios. También surgen gastos necesarios
para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, como
infraestructuras.
El aumento del gasto público para el
cumplimiento de las tareas del Estado no debe ser motivo de preocupación,
siempre y cuando existan las fuentes adecuadas que generen los recursos
necesarios para financiar dichos gastos. El problema ocurre cuando el estado no
cuenta con los ingresos suficientes para poder gastar.
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